El Espectador

El daño que varias entidades de control le están haciendo a los procesos sociales y a la agenda pública es enorme. Al magnificar, descarrilar y sesgar muchas de las investigaciones que adelantan, se empujan a sí mismas en una dinámica suicida. Con el fin de mantener el interés o mostrar gestión, hacen revelaciones y acusaciones en casos que apenas arrancan, muchas veces insostenibles. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacer a una opinión pública distorsionada, devoradora de escándalos y en busca de acciones vengativas más que justicieras.

Los efectos sociales cuando los fiscalizadores se conviertan en regentes de espectáculos públicos son graves. Mientras el país trata de ajustar sus instituciones tras un histórico pero polémico acuerdo de paz, las entidades se concentran en dar golpes de opinión para ganar puntos con sus audiencias. Dan la impresión de estar construyendo imagen positiva para las encuestas, tal vez para promover sus candidaturas, antes que hacer investigaciones serias para hallar responsables.

El debate público que ha generado Trump en Estados Unidos por sus actuaciones arbitrarias, desconociendo normas que garantizan el imperio de la ley para imponer sus deseos por encima de las instituciones, podría trasladarse a Colombia. Las instituciones existen para garantizar que los funcionarios públicos en sus campos, y los ciudadanos en los suyos, cumplan las leyes y respeten las reglas de juego que permiten la cohesión social. Cuando las instituciones deciden bailar al son de los escándalos mediáticos, y sancionan y prejuzgan acorde a los ratings, incumplen su mandato legal.

El daño que generan entidades de control convertidas en ejes del show público y en precampañas presidenciales es múltiple. Primero, porque dejan un vacío de control real, pues seleccionan sólo los casos de interés. Luego, porque los recursos públicos que se invierten para desarrollar cuerpos especializados de investigación se malgastan. Los funcionarios no pueden actuar con base en sus conocimientos sino que cumplen instrucciones de acusar para crear espectáculo. El resultado es la pérdida de confianza en esas entidades, o bien porque sus sanciones son injustas, o bien porque no logran la dimensión que le hicieron creer a la sociedad que se necesitaba, pero hacen creer que actúan para bien del ciudadano.

Las entidades se concentran en lanzar acusaciones, señalamientos e imputaciones con base en investigaciones parciales que utilizan para hacer filtraciones selectivas, muchas fuera de contexto, que periodistas y ciudadanos reporteros recogen en sus medios y redes. Se reproducen realidades distorsionadas, verdades parciales o simples mentiras, creando percepciones públicas equivocadas. De ahí surge la idea del caos general y del mar de corrupción sobre el que navega la Nación, ambas percepciones altamente exageradas.

Una vez creadas esas percepciones, las mismas entidades se empujan a sí mismas para confirmar lo que plantean y sus aparatos de investigación se enfilan en ese sentido y no en buscar la verdad. Toman decisiones con base en sus propias distorsiones y el imperio de la ley queda subordinado a demostrar que son eficaces condenando delitos que se inventan o imponiendo sanciones que nunca se aplican.

El efecto a corto plazo es la decepción de la ciudadanía frente al país. El pesimismo que registran los encuestadores se nutre de esa dinámica. “La corrupción se tomó el país”. Ante ese panorama, los líderes de las entidades de control surgen como los salvadores, los justicieros y los aparentes redentores de la moralidad pública. La pérdida de confianza en esas entidades al convertirlas en organismos populistas es grave.

El ciudadano, el empresario, el inversionista, el contratista, el funcionario público, entiende que no puede contar con ellas para adelantar procesos serios, técnicos, justos. Al contrario, sabe que con las herramientas y poderes que se les otorga pueden cometer arbitrariedades. El fin de quedar bien ante los medios, los mediadores y esa opinión pública deformada debe superarse. Generar espectáculo como ingrediente principal de ratings y popularidades vaporosas, o para el aumento de adictos a la insensatez de las redes, destruye institucionalidad y estimula el populismo.

Ramón Jimeno