El Espectador

Los estados modernos de los países desarrollados brindan servicios con base en la tributación. Un empleado medio en Europa paga efectivamente al erario entre el 30 y el 40% de sus ingresos netos y una empresa, más aun. Los accionistas, y en general los rentistas, pagan más todavía. En Estados Unidos la situación es igual. El Estado en las naciones que más admiran nuestros dirigentes, se apropia un 35% del PIB en promedio anual, es decir de la riqueza producida en el año por toda la comunidad.

Los estados modernos de los países desarrollados brindan servicios con base en la tributación. Un empleado medio en Europa paga efectivamente al erario entre el 30 y el 40% de sus ingresos netos y una empresa, más aun. Los accionistas, y en general los rentistas, pagan más todavía. En Estados Unidos la situación es igual. El Estado en las naciones que más admiran nuestros dirigentes, se apropia un 35% del PIB en promedio anual, es decir de la riqueza producida en el año por toda la comunidad.

En naciones de economías pobres como Colombia, la tributación es muy baja y el Estado en consecuencia es débil; apenas recoge cerca de un 20% del PIB. Los empresarios y en general quienes más contribuyen al fisco por su generación de riqueza y acumulación de capital son reacios a tributar y por el contrario han desarrollado los más sofisticados mecanismos de evasión.

Al abstenerse de contribuir, empresarios y ciudadanos argumentan la corrupción al interior de la administración pública, así como la ineficacia y el despilfarro en el gasto oficial. Es decir, no hay confianza por parte de los contribuyentes. También existe la tributación paralela, aquélla que no llega al Estado sino a los funcionarios que cobran impuestos de peaje en cualquier trámite; o la que cobran grupos ilegítimos -rebeldes o paramilitares- que obligan a tributar a cambio de seguridad en las zonas rurales.

Una situación tributaria de esa naturaleza es un gran obstáculo para la modernización del Estado. Ciudadanos que no pagan porque no creen en el Estado. Ciudadanos que no pagan al fisco porque pagan de manera directa a miles de funcionarios corruptos. Ciudadanos que pagan sólo a quienes por las armas les cobran otro impuesto. Ciudadanos que pagan lo mínimo, que es sólo lo imposible de evadir. Sin embargo, el reto de la modernización del Estado, que con tanto entusiasmo anunció el presidente Gaviria y acogieron las fuerzas representadas en la Asamblea Constituyente, implica meterse a fondo en los bolsillos de ricos, clase media y asalariados.

La demanda corruptible

La corrupción en el Estado no se elimina con medidas de policía. Al igual que con el narcotráfico, la permanencia de la demanda por drogas hace que la detención de uno o dos capos sirva para limpiarles el camino a quienes aspiran a tomar su puesto. Aunque es cierto que las sanciones ejemplarizantes tienen como efecto la intimidación de los menos osados, sólo al desaparecer la demanda por el servicio desaparecerá la fuente de corrupción. Es decir, cuando se elimine la demanda por servicios ilegales se reducirá la oferta de funcionarios corruptos.

Actuar contra la ineficacia y la corrupción públicas implica profesionalizar la administración estatal para que le preste los servicios que necesita la comunidad. Si lo hace, el Estado deja de ser un factor entrabador, expropiador y burocrático para convertirse en uno que facilita y estimula la generación de riqueza. Si el Estado se volviera eficiente en la prestación de sus servicios, la base social y humana para producir mejoraría porque las condiciones materiales para hacerlo serían superiores.

Feudos tributarios

El sistema actual de tributación es casi un simple mecanismo alcabalero, que sirve para redistribuir cuotas de riqueza quitándosela a quienes la producen para entregársela a quienes no la producen, como una maña antigua, como un feudo medieval. Hacerse a un cargo en la Aduana, en un departamento de Planeación, o en cualquier oficina que deba otorgar algún tipo de licencia o definir una licitación, es hacerse a una renta originada en la ley, totalmente improductiva porque ni siquiera contribuye a domesticar el capitalismo salvaje.

En la sobredosis constitucional del último año se olvidó que la representación parlamentaria surgió de la necesidad social de vigilar el uso de los impuestos y medir la conveniencia de los mismos: no taxation without representation. Sin embargo, los sectores que más contribuyen al desarrollo económico del país no están representados, y su expresión política como clase empresarial es casi nula. El esfuerzo, al menos el de la vieja clase empresarial colombiana, no se concentra en exigir al Estado un gasto eficiente con el uso de poder político, sino en encontrar junto con los mejores mecanismos de evasión, la manera de usufructuar el Estado para beneficio propio: legalización de monopolios, exenciones, valorizaciones, concentración del crédito. La clase dirigente antigua del país es la que ha dado los mejores ejemplos de corrupción tributaria y la que más ha evitado el fortalecimiento y la profesionalización de los servicios del Estado. Los demás sectores sólo siguen su ejemplo.

Los del brinco

En contrapartida a esa mentalidad usurera y feudal, la nueva clase empresarial colombiana -más culta empresarialmente y en esencia nacionalista-, la que importa divisas con las exportaciones que ya no son menores, busca un Estado moderno aunque le cueste. Para lograrlo, entiende que debe establecerse una radical reforma tributaria que recoja los recursos necesarios para hacer el cambio. Con recursos suficientes, el Estado sería capaz de reducir gradualmente la corrupción y la ineficacia. Si las entidades oficiales pueden ofrecer salarios altos para contratar a los mejores profesionales, la prestación de los servicios mejorará, y el grado de corrupción disminuiría porque los funcionarios podrán vivir bien sin comisiones. Si es eficiente su servicio no habrá necesidad de sobrefacturaciones de obras por demoras en los pagos y los controles sobre la calidad de las obras se ejercerán por encima de los sobornos. Y lo esencial: habrá dinero para financiar la construcción de una infraestructura adecuada para que el sector privado produzca e incorpore más sectores y regiones a la economía.

¿Cómo creer en el Estado?

El problema colombiano frente al fisco es romper la desconfianza entre el contribuyente y el Estado. ¿Cómo hacer para que el ciudadano al pagar su impuesto, no sienta que lo están atracando sino que “contribuye” como una inversión útil para el futuro de su país? Crear esta mentalidad, así como desmontar la tributación directa que cobran los funcionarios públicos por sus gestiones es un reto. Habrá que ver cómo reaccionan los empresarios, industriales y los demás sectores productivos si el gobierno se atreve a asumir el costo del futuro. En especial cuando está en duda todavía si el “nuevo” país está conformado por la vieja clase politiquera revitalizada y por el populismo, fuerzas políticas desconectadas de la producción, pero que tendrían un tesoro público reforzado como su gran botín. Es difícil creer que los inversionistas se jueguen la carta de la reforma tributaria sin una correspondencia política que garantice el salto adelante.

Ramón Jimeno